Intervención y ocupación: Capítulo 4 de Cuba y los Estados Unidos: Lazos de singular intimidad

Este capítulo proviene de Cuba y los Estados Unidos: Lazos de singular intimidad de Louis A. Pérez Jr.

I

La nueva guerra separatista comenzó en febrero de 1895, en gran medida del mismo modo que otras anteriores: con escaramuzas localizadas, principalmente en pliegues montañosos remotos del oriente de Cuba, inicialmente demasiado distantes para causar mayor preocupación entre los hacendados y políticos del occidente cubano. La rebelión en el oriente de Cuba no era infrecuente, y nadie en el poder o con propiedades tenía razones para creer que el “Grito de Baire” del 24 de febrero terminaría de manera distinta a sus innumerables predecesoras: un asunto sin consecuencias.

Pero a principios del verano los acontecimientos adquirieron una gravedad repentina, y lo que había comenzado como un asunto local se convirtió en nacional. Los ejércitos insurgentes salieron de las montañas orientales hacia los ricos pastizales ganaderos de Camagüey en el verano, atravesaron las fértiles tierras azucareras de Matanzas y La Habana en el otoño, y entraron en los exuberantes vegueríos de Pinar del Río en el invierno. En el transcurso de diez meses, la insurrección había alcanzado regiones nunca antes perturbadas por los movimientos armados de la nacionalidad. La presencia de los ejércitos separatistas en el occidente, coincidiendo con los preparativos de la zafra de 1896, sobrecogió a las élites locales, tanto peninsulares como criollas. Las perspectivas para la zafra eran sombrías, y cuando se completó, incluso los pesimistas resultaron haber sido demasiado optimistas: de una cosecha récord de un millón de toneladas en 1894, la zafra cayó a 225.000 toneladas en 1896. Desde la década de 1840 no se había visto una producción azucarera cubana tan baja. Y en 1897 volvió a caer, a 212.000 toneladas.

En efecto, el propósito del levantamiento era trastornar la economía azucarera. Ya en julio de 1895, el general insurgente Máximo Gómez proclamó una moratoria sobre toda actividad económica —comercio, manufactura, agricultura, ganadería, pero sobre todo y especialmente la producción de azúcar—. No habría siembra, ni cosecha, ni molienda, ni comercialización. Toda finca encontrada en violación de la prohibición, juró Gómez, sería destruida y su propietario juzgado por traición. “Todas las plantaciones de azúcar serán destruidas, la caña en pie será incendiada y las fábricas y los ferrocarriles serán destruidos”, advertía el decreto. “Todo trabajador que ayude a la operación de los ingenios será considerado enemigo de su país… y será ejecutado”.¹

El ataque contra la propiedad preparó el terreno para la redistribución de la propiedad como diseño de paz y dio expresión decisiva al contenido social de Cuba Libre. La dirigencia insurgente se comprometió con una nación de pequeños propietarios, en la que cada agricultor disfrutaría de la seguridad derivada de la posesión directa e independiente de la tierra. En 1896 el mando del ejército insurgente expidió un decreto de expropiación, prometiendo redistribuir al final de la guerra, entre los defensores de Cuba Libre, todas las propiedades pertenecientes a peninsulares y criollos que apoyaran el dominio español. La guerra ofreció así más que la oportunidad de poner fin al régimen colonial: creó la ocasión de destruir una clase social para beneficiar a otra.

II

Las élites criollas conservaban pocas ilusiones después de 1896. Durante décadas los propietarios locales se habían aferrado al régimen colonial en busca de protección, y ahora, en los años postreros del siglo XIX, España estaba al borde de incumplir la única raison d’être de su presencia en Cuba. Los miembros de la asediada burguesía contemplaban con desesperación su inminente extinción. Cada vez más seguros en su convicción de que el dominio español sobre Cuba se desvanecía, estaban ahora dispuestos a sacrificar las relaciones coloniales tradicionales por una fuente alternativa de protección y patronazgo. Se enfrentaban a lo que más habían temido durante el siglo XIX —un levantamiento exitoso de las clases bajas— y necesitaban asistencia con rapidez.

Sólo la intervención estadounidense, concluyeron muchos, podría poner fin al desafío insurreccional y redimir el asediado orden social. Ya en junio de 1896, cerca de cien hacendados, abogados e industriales solicitaron al presidente Grover Cleveland la intervención norteamericana para poner fin a la crisis. “No podemos”, escribían los peticionarios, “expresar nuestra opinión abierta y formalmente, pues quien se atreviera, mientras vive en Cuba, a protestar contra España, sería sin duda víctima, tanto en su persona como en sus bienes, de la más feroz persecución por parte del gobierno”. España, continuaba la petición, no podía ofrecer a Cuba en el futuro nada salvo la continuación de la destrucción y la ruina. Tampoco encontraban consuelo los propietarios en la idea de la independencia. Si la continuidad del dominio español amenazaba con desembocar en la ruina, la independencia prometía conducir al caos. “¿No puede existir una solución intermedia?”, preguntaban los peticionarios. Sin confianza en España e inseguros del futuro bajo el gobierno cubano, los propietarios pedían a Washington que intercediera en su nombre: “Pediríamos que la parte responsable ante nosotros fueran los Estados Unidos. En ellos tenemos confianza, y sólo en ellos”.² “Lo peor que podría ocurrirle a Cuba”, escribió otro hacendado un año después, “sería la independencia”. Los cubanos, añadía, “no pueden establecer un gobierno firme y estable en la isla”.³ A principios de 1897, un corresponsal estadounidense en La Habana informó que hacendados, comerciantes y empresarios habían concluido que Cuba estaba perdida para España y deseaban la intervención estadounidense y, en última instancia, la anexión de la isla.⁴ Más tarde aquel año, William H. Calhoun, agente especial en Cuba, comentó que “los hacendados cubanos y los propietarios españoles están ahora convencidos de que la isla pronto se le escapará a España, y darían la bienvenida a una intervención americana inmediata”.⁵

III

Desde el inicio de la guerra, la administración de Cleveland mantuvo la política tradicional del gobierno hacia Cuba: oposición a la independencia y apoyo a la soberanía española. Las razones eran familiares: la independencia cubana resultaría en inestabilidad política, conflicto social y caos económico. Que los afrocubanos llenaran las filas insurgentes en tales números y con tal prominencia, y que las armas se hubieran distribuido tan ampliamente entre la población en general, eran razones adicionales para temer el fin del dominio español en Cuba. Incluso el “amigo más devoto de Cuba” y el “más entusiasta defensor del gobierno popular”, insistía el secretario de Estado Richard B. Olney, no podía contemplar los acontecimientos en Cuba “sino con la más grave aprehensión”:

Existen demasiadas razones de peso para temer que, una vez retirada España de la isla, el único lazo de unión entre las distintas facciones de los insurgentes desaparecería; que se precipitaría una guerra de razas, tanto más sangrienta cuanto mayor fuera la disciplina y la experiencia adquiridas durante la insurrección, y que, incluso si hubiera una paz temporal, ésta sólo podría darse mediante el establecimiento de una república blanca y otra negra, las cuales, aun acordando al principio la división de la isla entre ellas, serían enemigas desde el comienzo, y no descansarían hasta que una hubiera sido completamente vencida y sometida por la otra.⁶

Los Estados Unidos proclamaron rápidamente su apoyo a la soberanía española. Ya en 1895, Cleveland exigió la adhesión a las leyes de neutralidad de los Estados Unidos y persiguió vigorosamente su cumplimiento. Washington también cooperó con España para combatir las expediciones filibusteras cubanas organizadas desde los Estados Unidos. Entre 1895 y 1896, las autoridades norteamericanas interceptaron más de la mitad de las expediciones cubanas preparadas en los Estados Unidos y procesaron vigorosamente a los infractores. Sólo un tercio de las setenta expediciones organizadas en los Estados Unidos durante la guerra llegó a Cuba.⁷

Pero los Estados Unidos también estaban seguros de que los esfuerzos militares españoles para acabar con la insurgencia —incluso si Madrid hubiera dispuesto de los medios, y especialmente porque no los tenía— estaban condenados al fracaso. “Si bien las fuerzas insurreccionales con las que hay que lidiar son más formidables que nunca”, escribía el secretario Olney en septiembre de 1895, “la capacidad de España para enfrentarlas ha disminuido visible y notablemente. Está esforzándose al máximo para sofocar la insurrección en los próximos meses. ¿Por qué razón obvia? Porque está casi al final de sus recursos”. Olney concluyó: “España no puede tener éxito de ningún modo”.⁸

La expansión de la insurgencia hacia el occidente confirmó los peores temores norteamericanos. “Difícilmente puede ponerse en duda”, explicó Olney al ministro español Enrique Dupuy de Lôme en abril de 1896, “que la insurrección, en vez de ser sofocada, es hoy más formidable que nunca y entra en su segundo año de existencia con perspectivas de éxito decididamente mejoradas”.⁹ Sólo una solución política, insistía Washington, basada en reformas e incluyendo la autonomía en alguna forma, ofrecía alguna promesa de poner fin a la insurrección manteniendo intacta la soberanía española. Los Estados Unidos abogaban por la reforma como medio para acabar con la revolución y apoyaban la autonomía como alternativa a la independencia. “Parecería”, predijo Cleveland en 1896, “que si España ofreciera a Cuba una autonomía genuina —una medida de gobierno propio que, preservando la soberanía de España, satisfaga todos los requerimientos razonables de sus súbditos españoles—, no debería haber razón justa para que no se efectuara la pacificación de la isla sobre esa base”.¹⁰ La administración ofreció los buenos oficios de los Estados Unidos para mediar en un acuerdo basado en la reforma. “Lo que los Estados Unidos desean hacer”, aseguró Olney al ministro español, “es cooperar con España en la pacificación inmediata de la isla, sobre un plan tal que, dejando a España sus derechos de soberanía… asegure al pueblo de la isla todos aquellos derechos y poderes de autogobierno local que razonablemente puedan pedir”.¹¹

Pero España estaba segura de que la represión, no la reforma, era el camino para resolver los desórdenes cubanos. Hablando por la corte española, el Duque de Tetuán rechazó la oferta de Washington, argumentando que la isla ya disfrutaba de “uno de los sistemas políticos más liberales del mundo”. Un fin de la rebelión cubana basado en algo que no fuera el triunfo de las armas españolas, sugería Tetuán, condenaría todos los esfuerzos futuros por establecer la paz sobre una base duradera y sometería a la isla a un ciclo recurrente de levantamientos periódicos. Además, añadía Tetuán con sequedad, si las condiciones futuras justificaran la introducción de nuevas reformas, España era plenamente capaz de cumplir sus responsabilidades sin la asistencia de los Estados Unidos.¹²

IV

Ciertamente no todos los norteamericanos compartían la opinión de la administración. Por el contrario, la causa de Cuba Libre encontró amplio apoyo en los Estados Unidos. No fueron pocos los norteamericanos que, como Frederick Funston, se apresuraron a ofrecer sus servicios a las fuerzas insurgentes en Cuba. Muchos más participaron en actividades de recaudación de fondos y esfuerzos de cabildeo en los Estados Unidos. La causa de Cuba Libre también encontró amplio apoyo en el Congreso, y muy pronto quedó trazado el rumbo de colisión entre el legislativo y el ejecutivo.

En 1897, una nueva administración republicana en Washington bajo William McKinley impulsó las reformas coloniales con nuevo vigor, y un nuevo ministerio liberal en Madrid bajo Práxedes Mateo Sagasta dejó de oponerse a las reformas, ambos por la misma razón: prolongar la soberanía española. La guerra se había estancado en una campaña de desgaste que España no podía ganar. El ejército español estaba a la defensiva y confinado a las principales ciudades; el ejército cubano estaba a la ofensiva y controlaba el campo. Las economías tanto de Cuba como de España se acercaban al colapso.

En el otoño de 1897, en parte por la presión estadounidense, en parte como respuesta al deterioro de las condiciones en Cuba, el nuevo ministerio liberal emprendió una serie de reformas de gran alcance. En octubre, Madrid nombró al moderado Ramón Blanco como gobernador general. Se decretó la amnistía y se liberó a los presos políticos. En diciembre, España anunció una nueva constitución autonomista y el 1.º de enero de 1898 instaló un gobierno criollo liberal.

Las reformas coloniales tuvieron el efecto neto de sellar la perdición del dominio español en Cuba. En efecto, si los Estados Unidos hubieran buscado deliberadamente desalojar a España de la isla, no habrían podido dar con mejores medios. Para los defensores de Cuba Española, las reformas asumieron las proporciones de la traición. Los leales denunciaron el establecimiento de un gobierno autonomista criollo, insistiendo en que las reformas sólo servían para abrir la puerta trasera del poder a los subversivos cubanos. Los radicales pronto desbordarían a los moderados, la revolución alcanzaría a la reforma, y la autonomía se convertiría en independencia.

Que los españoles residentes hubieran perdido el control exclusivo sobre la administración colonial era razón suficiente para suscitar la ira y la indignación peninsular. Importaba poco que los autonomistas fueran políticamente moderados, a menudo hombres de fortuna, e ideológicamente aliados a España. La fractura criollo-peninsular persistió sin atenuarse hasta el final mismo del régimen colonial. Los peninsulares se convirtieron ahora en defensores de la intervención norteamericana, prefiriendo el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de los cubanos. “Todas las clases de los ciudadanos españoles”, informó el cónsul estadounidense Fitzhugh Lee a finales de 1897, “están violentamente opuestas a una autonomía real o genuina, porque pondría el control de la isla en manos de los cubanos, y antes que eso preferirían la anexión a los Estados Unidos o alguna forma de protectorado americano”.¹³

Pero no era sólo una cuestión de nacionalidad. El establecimiento de un gobierno liberal convenció a los leales, peninsulares y criollos por igual, de que España había perdido la voluntad de defender su soberanía en Cuba. Muchos detectaron en este cambio de actitud la evidencia de que España se preparaba para abandonar la isla. Los más reflexivos entre los peninsulares y criollos comprendieron, además, que el nuevo gobierno autonomista carecía de los medios para hacer la guerra y de la autoridad para hacer la paz. El establecimiento de un gobierno de criollos moderados asestó los golpes finales a la determinación conservadora en Cuba. Los acontecimientos de finales de 1897 y principios de 1898 socavaron la moral de las únicas fuerzas en Cuba que, excepto los insurgentes, aún retenían la lealtad y la voluntad de vencer.

Seguros ahora de que España ya no controlaba los acontecimientos ni en casa ni en el exterior, convencidos de que Madrid no poseía ni los medios ni —después de 1897— la voluntad de defender el statu quo, las élites locales actuaron para desprenderse de una metrópoli incapaz de proteger sus intereses. Los leales se encontraron atrapados entre el reflujo de la autoridad metropolitana y la marea ascendente de la rebelión colonial. La separación política de España se hizo necesaria para impedir la independencia bajo los cubanos.

Mítines y asambleas masivas en toda la isla denunciaron al nuevo gobierno autonomista. Aumentaron los llamamientos a la intervención estadounidense. En noviembre de 1897, el vicecónsul estadounidense en Matanzas informó que “casi todos los españoles, empresarios y propietarios de esta provincia desean y ruegan por la anexión a los Estados Unidos”.¹⁴ “Los propietarios, sin distinción de nacionalidad, y con muy pocas excepciones”, telegrafió el cónsul Pulaski F. Hyatt desde Santiago, “desean fervientemente la anexión, teniendo poca esperanza en un gobierno estable bajo ninguna de las fuerzas en contienda”.¹⁵ Fitzhugh Lee informó de sentimientos similares en La Habana. “Una amplia mayoría de los súbditos españoles”, escribió en noviembre de 1897, “que tienen intereses comerciales y empresariales y poseen propiedades aquí, no aceptarán la Autonomía, sino que prefieren la anexión a los Estados Unidos antes que una república independiente o una autonomía genuina bajo la bandera española”.¹⁶

Al final del año, el sentimiento a favor de la intervención estadounidense se había hecho público. En diciembre de 1897, una declaración publicada en La Habana y firmada por empresarios y propietarios que afirmaban representar el 80 por ciento de la riqueza de la isla denunció al régimen autonomista.¹⁷ En el mismo mes, una reunión de propietarios en Cienfuegos concluyó con una resolución instando al presidente McKinley a establecer un protectorado sobre Cuba. En febrero de 1898, destacados peninsulares establecieron una comisión formal con el propósito de conseguir la asistencia norteamericana. “La Madre patria no puede protegernos”, insistía un portavoz. “Blanco no nos protegerá. Si se nos deja en manos de los insurgentes, nuestra propiedad está perdida. Por lo tanto, queremos que los Estados Unidos nos salven”.¹⁸

V

Las reformas que eran excesivas para los leales no eran suficientes para los separatistas. Los cubanos insurgentes denunciaron la autonomía y rechazaron toda acomodación con España que no estuviera basada en la independencia completa. “Es la firme resolución del ejército y del pueblo de Cuba”, juró el general Máximo Gómez, “que han derramado tanta sangre para conquistar su independencia, no flaquear en su justa causa hasta que el triunfo o la muerte corone sus esfuerzos”.¹⁹ Dos semanas después, Gómez reiteró la posición cubana: “Ya no pedimos concesiones… Aun cuando las propuestas de España fueran bona fide, nada podría tentarnos a tratar con ella. Estamos por la libertad, no por las reformas españolas”.²⁰

En lugar de hacer a los cubanos más conciliadores, las reformas los hicieron en realidad más intransigentes. La moral separatista se disparó. Las concesiones españolas eran evidencia de la inminente derrota de España, estaban seguros los cubanos. “La oferta de autonomía de España es señal de su debilitamiento”, proclamó el presidente provisional Bartolomé Masó.²¹ El general Calixto García coincidió: “Considero la autonomía sólo como una señal del debilitamiento del poder de España y una indicación de que el final no está lejos”.²²

Las reformas habían fracasado. Como último recurso, España había hecho la concesión definitiva al imperio y la había encontrado insuficiente. La soberanía española sobre Cuba llegaba a su fin. Los cubanos se preparaban ahora para la campaña final. Un nuevo optimismo elevó la moral insurgente a su nivel más alto. Nunca antes los separatistas habían estado tan seguros del triunfo como lo estaban a principios de 1898. Comenzaron los preparativos para las últimas batallas decisivas. En el oriente de Cuba, el general Calixto García se preparaba para sitiar Santiago. En las zonas occidentales, los comandantes insurgentes comenzaron a cercar las ciudades provinciales interiores más grandes. Máximo Gómez escribía ahora con confianza sobre los preparativos para el asalto final contra los baluartes españoles. Con “cañones y mucha dinamita”, predecía Gómez, “podemos expulsarlos a fuego y acero de los pueblos”.²³

Los Estados Unidos también comprendieron que el fracaso de las reformas ponía fin a cualquier probabilidad razonable de que Madrid restableciera la soberanía sobre la isla. Cuba estaba perdida para España. Los éxitos cubanos habían virtualmente anulado las pretensiones españolas de soberanía y, por lo tanto, neutralizado los esfuerzos norteamericanos por respaldar esa soberanía. “España perderá Cuba”, concluyó tajantemente el secretario de Estado John Sherman. “Eso me parece seguro. No puede continuar la lucha”.²⁴ El subsecretario de Estado William R. Day estuvo de acuerdo. “El gobierno español”, escribió en marzo, “parece incapaz de derrotar a los insurgentes”.²⁵ En un memorándum confidencial, Day fue aún más lejos:

Hoy la fuerza de los cubanos [es] casi el doble… y [ellos] ocupan y controlan virtualmente todo el territorio fuera de las ciudades costeras fuertemente guarnecidas y unos pocos pueblos del interior. No hay operaciones activas por parte de los españoles… Las provincias orientales son reconocidamente “Cuba Libre”. A la luz sólo de estas declaraciones, es ahora evidente que la lucha de España en Cuba se ha vuelto absolutamente desesperada… España está exhausta financiera y físicamente, mientras que los cubanos son más fuertes.²⁶

Frente al paisaje creado por la marea menguante de la soberanía española, Washington enfrentaba en Cuba el anatema de todos los formuladores de política estadounidense desde Jefferson: el espectro de la independencia cubana. Las implicaciones de la política de “no transferencia” se llevaban ahora a su conclusión lógica. Si los Estados Unidos no podían permitir que España transfiriera la soberanía sobre Cuba a otra potencia, tampoco podían permitir que España cediera la soberanía a los cubanos.

VI

El lapso de la soberanía española en 1898 liberó a los Estados Unidos de cualquier obligación adicional con España. Pero si la soberanía española era insostenible, las pretensiones cubanas de soberanía eran inaceptables. Washington presionó ahora a Madrid para que resolviera políticamente el estatus de Cuba con los Estados Unidos antes de que los cubanos lo resolvieran militarmente con España. Una urgencia repentina impulsó ahora el propósito norteamericano. Había que llegar a un acuerdo antes del verano, el comienzo de la temporada de lluvias, cuando las operaciones militares cubanas se intensificarían. El verano de 1898, todos lo intuían, sería decisivo. Los cubanos se preparaban para la ofensiva final, y nadie dudaba de que triunfarían.

Los esfuerzos por negociar un acuerdo con España se basaban en una transferencia de la isla a los Estados Unidos. En enero, el presidente McKinley nombró a Whitelaw Reid para emprender negociaciones privadas con Madrid, y un mes después informó a miembros destacados del Senado sobre los planes de la administración para comprar la isla. En España, el embajador Stewart L. Woodford concluyó que la transferencia de la isla debía hacerse lo antes posible: pacíficamente si fuera posible, preservando el honor español si pudiera ser, pero sobre todo con rapidez y de manera absoluta.²⁷ El 17 de marzo, Woodford informó sobre una larga conversación con el ministro de Ultramar Segismundo Moret. España había perdido Cuba, recalcó Woodford a Moret, pero la independencia cubana no era aceptable. Woodford dudaba de que los “insurgentes pudieran asegurar la paz y el buen orden en Cuba bajo un gobierno libre o independiente”, y concluyó: “Debe encontrarse alguna manera por la cual España pueda desprenderse de Cuba sin pérdida de amor propio y con la certeza del control americano, de modo que podamos brindar esa protección por igual a españoles leales y a rebeldes”. Los Estados Unidos estaban dispuestos a comprar la isla por “una suma fija”, indicó Woodford, parte de la cual se retendría como fondo para liquidar reclamaciones de guerra.²⁸

España vacilaba y dilataba, y cada vez se hacía más evidente en Washington que Madrid tenía pocas intenciones de transferir la isla a los Estados Unidos. El 27 de marzo, Washington entregó a España un ultimátum de tres partes en el que se exigía un armisticio hasta el 5 de octubre, el fin de los programas de reconcentración y el permiso para distribuir suministros de socorro, y la participación del presidente McKinley como mediador para poner fin a la disputa. A cambio, los Estados Unidos prometían usar sus “buenos oficios para conseguir que los insurgentes aceptaran el plan”.²⁹ Tras otros diez días de frenéticas negociaciones, España capituló. El 5 de abril, la reina regente intercedió personalmente y proclamó un alto el fuego unilateral en Cuba, con efecto inmediato y vigencia hasta octubre. El 10 de abril, Washington recibió la aceptación formal por parte de España de las disposiciones esenciales del ultimátum de McKinley del 27 de marzo.³⁰ El mismo día, en La Habana, el gobernador general Blanco ordenó a todas las fuerzas españolas que detuvieran las operaciones.³¹

McKinley había anotado una victoria diplomática en todos los frentes, salvo en uno: no había cumplido con la parte norteamericana del ultimátum del 27 de marzo: usar los “buenos oficios” de los Estados Unidos para que los insurgentes aceptaran el plan. En efecto, el colapso de la propuesta norteamericana se debió menos a la vacilación española que a la incapacidad estadounidense para obtener la aquiescencia cubana al alto el fuego. A principios de abril, McKinley convocó a Horatio Rubens, asesor legal de los cubanos en Nueva York, a la Casa Blanca para discutir los términos del acuerdo inminente. Rubens recordó más tarde la reunión:

—Usted debe —me dijo cortante— aceptar un armisticio inmediato con España.

—¿Con qué fin, señor presidente?

—Para zanjar la contienda en Cuba —exclamó.

—Pero ¿está España dispuesta a conceder la independencia a Cuba? —pregunté.

—Esa no es la cuestión ahora —exclamó, alzando la voz—. Podemos discutir eso después. Lo importante por el momento es un armisticio.

Rubens rechazó el alto el fuego por considerar que prometía beneficiar sólo a España y tendría consecuencias calamitosas para el esfuerzo bélico cubano:

La razón es práctica, señor presidente. Nada de lo que usted pudiera proponer sería tan beneficioso para España y tan perjudicial para Cuba como un armisticio. Si un armisticio se cumple de buena fe, significa la disolución y desintegración del ejército cubano. Ni siquiera ahora hay comisaría para él; debe vivir, pobre y precariamente, de lo que ofrece el país. Si se acepta un armisticio, el ejército no podrá obtener sus suministros alimentarios; pasará hambre. Además, en la natural incertidumbre durante las negociaciones, los hombres se dispersarían, regresando a sus hogares… Si, por otra parte, habiendo aceptado el armisticio, los cubanos continuaran viviendo del país, se les acusaría a viva voz de quebrantar la palabra empeñada.³²

En Cuba, los jefes del ejército separatista denunciaron el alto el fuego y ordenaron a las fuerzas insurgentes continuar las operaciones. “Hay que golpearlos duro y en la cabeza, día y noche”, exhortó el general Calixto García a sus tropas. “Para suspender las hostilidades es necesario un acuerdo con nuestro Gobierno, y éste tendrá que basarse en la independencia”. “Más que nunca antes”, proclamó Máximo Gómez, “la guerra debe continuar con toda su fuerza”.³³

El rechazo cubano al alto el fuego español acabó con las esperanzas estadounidenses de que pudiera evitarse la temida campaña de verano. España había puesto sólo una condición a su acuerdo: que los cubanos observaran el alto el fuego. España no tenía ahora más alternativa que reanudar las operaciones en el campo y enfrentar la inevitable derrota militar.

Al mismo tiempo, los acontecimientos en Cuba y la respuesta política estadounidense eran cada vez más objeto de conflicto entre el Congreso y el presidente. La política partidista era una fuente de conflicto. Otra era la competencia por el control de la política exterior. Puntos de vista opuestos transformaron una situación difícil en una casi imposible entre legisladores simpatizantes con la causa cubana y un ejecutivo hostil a Cuba Libre.

A principios de la primavera, los acontecimientos eran moldeados por fuerzas más allá del control de los Estados Unidos y España: los cubanos estaban determinando el curso. Una vez que España se negó a transferir la soberanía sobre Cuba a los Estados Unidos, y una vez que los cubanos rechazaron la continuación de la soberanía española en cualquier forma, los norteamericanos enfrentaron dos perspectivas: la independencia de Cuba o la intervención estadounidense.

La revolución cubana amenazaba más que la legitimidad del dominio colonial o las relaciones de propiedad bajo el régimen colonial. También desafiaba la expectativa estadounidense de sucesión colonial, pues al poner fin a la soberanía española en 1898, los cubanos ponían en peligro la pretensión norteamericana de soberanía. La adquisición de Cuba se concebía siempre como un acto de continuidad colonial, transferida formalmente y legítimamente cedida por España a los Estados Unidos: una asunción de soberanía sobre un territorio considerado incapaz de constituirse en nación separada. El éxito de la rebelión cubana cambió todo esto. Los Estados Unidos se prepararon para la intervención tan alarmados ante la perspectiva de una victoria cubana como exasperados por la incapacidad de España para poner fin a la guerra. Ni la fuerza de la represión española ni la concesión de las reformas españolas habían frenado el avance de las armas cubanas. La soberanía española era irrecuperable. En 1898 Cuba estaba perdida para España, y si Washington no actuaba, se perdería para los Estados Unidos.

VII

En abril de 1898, el presidente William McKinley solicitó al Congreso autoridad para intervenir militarmente en Cuba. Ostensiblemente la guerra era contra España, pero en realidad era contra los cubanos.

El mensaje de guerra del presidente ofreció presagios de la política: no había mención de la independencia cubana, nada sobre el reconocimiento del gobierno provisional cubano, ni un atisbo de simpatía hacia Cuba Libre, ni siquiera una alusión a la renuncia al engrandecimiento territorial: sólo una petición de autorización del Congreso “para tomar medidas que aseguren una terminación plena y definitiva de las hostilidades entre el Gobierno de España y el pueblo de Cuba, y para asegurar en la isla el establecimiento de un gobierno estable, capaz de mantener el orden y cumplir sus obligaciones internacionales”. El propósito de los Estados Unidos en Cuba, recalcó McKinley en su mensaje de guerra, consistía en una “intervención forzosa como neutral para detener la guerra”. McKinley explicaba: “La intervención forzosa de los Estados Unidos… implica… constricción hostil sobre ambas partes en la contienda”.³⁴ La guerra debía dirigirse tanto contra los españoles como contra los cubanos, para establecer el terreno sobre el cual neutralizar las dos pretensiones rivales de soberanía y establecer por la fuerza superior de las armas una tercera.

Esa era la virtud sobresaliente de la “intervención neutral” a la que los Estados Unidos se habían comprometido en abril. “Ya hemos sopesado el reconocimiento de la independencia”, informó el Departamento de Estado el 7 de abril, “con una conclusión adversa”. La “intervención neutral” otorgaría efectivamente a los Estados Unidos el control de la isla. “Habría una diferencia notable en nuestra conducción de las hostilidades en Cuba si operáramos en territorio transitoriamente nuestro por conquista, en vez de operar en el territorio de un soberano reconocido con el que mantenemos alianza”. El Departamento de Estado tampoco era ajeno a las ventajas a largo plazo de la conquista transitoria: “Seríamos libres, si tuviéramos éxito, de dictar los términos de la paz y controlar la organización de un gobierno independiente en Cuba. Podríamos mantener el territorio cubano en fideicomiso hasta que, restablecida la tranquilidad, pudiera organizarse constitucionalmente un gobierno al cual reconociéramos formalmente y con el cual pudiéramos concluir un tratado que regule nuestras futuras relaciones con la República y su garantía”.³⁵

La intervención propuesta por McKinley fue denunciada inmediatamente por la junta cubana en los Estados Unidos. ¿Qué posible razón podía tener la administración para negar el reconocimiento de la independencia, preguntaban los cubanos, a menos que su objetivo fuera la anexión? “Nos opondremos a cualquier intervención que no tenga por objeto expreso y declarado la independencia de Cuba”, proclamó el portavoz de la junta Gonzalo de Quesada.³⁶ Hablando en nombre del gobierno provisional insurgente y del Ejército Libertador, el asesor Horatio S. Rubens anunció la necesidad de “ir un paso más allá” y advirtió sin rodeos que una intervención como la sugerida por McKinley sería considerada “nada menos que una declaración de guerra por parte de los Estados Unidos contra los revolucionarios cubanos”.³⁷ Y añadió:

Si la intervención se produjera sobre esa base, y los Estados Unidos desembarcaran una fuerza armada en suelo cubano, trataríamos a esa fuerza como a un enemigo al que oponerse y, de ser posible, expulsar, mientras se nos niegue el reconocimiento de una república cubana libre. No quiero decir que el ejército cubano se reunirá en la costa para resistir el desembarco de tropas federales, sino que permanecerá en el interior, negándose a cooperar, rehusándose a reconocer cualquier autoridad americana, ignorando y rechazando la intervención en toda la medida posible. Si las tropas estadounidenses lograran expulsar a los españoles, y si los Estados Unidos declararan entonces un protectorado sobre la isla —por provisional o tentativo que fuera— y buscaran extender su autoridad sobre el gobierno de Cuba y el ejército de liberación, resistiríamos por la fuerza de las armas tan amarga y tenazmente como hemos combatido a los ejércitos de España.

Los opositores de la administración en el Congreso también hicieron repetidos intentos por asegurar el reconocimiento de la república provisional cubana, y a mediados de abril McKinley cedió al compromiso. El Congreso aceptó renunciar al reconocimiento a cambio de que el presidente aceptara una declaración de renuncia. El Artículo IV de la resolución del Congreso, la Enmienda Teller, especificaba que los Estados Unidos “por la presente renuncian a toda disposición o intención de ejercer soberanía, jurisdicción o control sobre dicha isla, excepto para su pacificación, y manifiestan su determinación, una vez lograda ésta, de dejar el gobierno y control de la isla a su pueblo”.³⁸

La Resolución Conjunta calmó los recelos cubanos. Satisfechos de que la intervención hacía causa común con las metas separatistas, los cubanos se prepararon para coordinar operaciones militares conjuntas con sus aliados. No importaba que los norteamericanos se negaran a reconocer la república, mientras Washington respaldara los objetivos que la república representaba. “Es cierto”, concedió Calixto García, “que no han entrado en acuerdo con nuestro gobierno; pero han reconocido nuestro derecho a ser libres e independientes, y eso me basta”.³⁹

VIII

La intervención transformó una guerra cubana de liberación en una guerra estadounidense de conquista. Y fue la victoria que los Estados Unidos reclamaron primero y de la cual fluiría mucho más. La guerra cubana de liberación nacional se convirtió en la “Guerra hispano-estadounidense”, nomenclatura que en términos más que simbólicos ignoró la participación cubana y anunció la siguiente serie de acontecimientos. La construcción legitimaba la pretensión estadounidense sobre la isla como botín de victoria. Los norteamericanos no habían llegado como aliados de los cubanos ni como agentes de la independencia cubana. Habían ido a la guerra, como siempre dijeron que harían, para impedir la transferencia de la soberanía de Cuba a un tercer poder.

La exclusión de los cubanos comenzó temprano. Los comandantes norteamericanos relegaron a las fuerzas insurgentes detrás de las líneas del frente, principalmente en funciones de apoyo. Los comandantes cubanos fueron ignorados. Las negociaciones para la rendición de Santiago de Cuba en julio se llevaron a cabo sin participación cubana, y por los términos de la rendición se prohibió a los cubanos entrar en la ciudad. El comandante cubano Calixto García se sorprendió y pidió al jefe del ejército estadounidense William R. Shafter una aclaración del acuerdo. Se enteró de que Santiago se consideraba ahora territorio conquistado por los Estados Unidos y “parte de la Unión”.⁴⁰ La decisión de negar a los cubanos el acceso a la ciudad, explicó públicamente el general Shafter, se basaba en el temor de que los insurgentes no pudieran ser contenidos para que no atacaran a soldados españoles desarmados, abusaran de las mujeres y saquearan la ciudad.⁴¹

La indignación se extendió por los campamentos cubanos. El general García denunció la idea de que Santiago fuera “parte de la Unión”. “Nunca aceptaré”, juró el comandante cubano, “que se considere a nuestro país como territorio conquistado”.⁴² García se irritó ante la acusación de que no se podía confiar en que el ejército cubano entrara en Santiago. “Permítaseme protestar incluso ante la sombra de tal idea”, escribió García a Shafter; “no somos salvajes que ignoran los principios de la guerra civilizada. Respetamos demasiado nuestra causa como para mancharla con barbarie y cobardía”.⁴³

Este conflicto dio forma temprana a los propósitos fundamentalmente cruzados en los que cubanos y norteamericanos se encontraron en 1898. Las sospechas cubanas se profundizaron, y al final de la guerra el distanciamiento era casi completo. Los comandantes insurgentes se volvieron hoscos y poco cooperativos. Algunos se retiraron de las operaciones conjuntas y rompieron relaciones con las fuerzas norteamericanas. Calixto García renunció, proclamando que “ya no estaba dispuesto a continuar obedeciendo las órdenes y cooperando con los planes del ejército americano”, y advirtió a sus compañeros contra ceder cualquier autoridad al “ejército de la intervención”.⁴⁴

Las acciones cubanas, a su vez, antagonizaron a los norteamericanos. Cuando los cubanos se resistieron a tareas serviles tras las líneas, fueron denunciados como holgazanes y rezagados. Cuando repudiaron los términos de la rendición de Santiago, fueron retratados como obstinados y arrogantes. El resentimiento se extendió entre los norteamericanos. Hacia finales del verano, el desprecio por los cubanos se había vuelto un lugar común tras las líneas estadounidenses. “Los cubanos son una pandilla sucia y asquerosa”, se quejó un oficial.⁴⁵ Los insurgentes cubanos “no escuchan más que palabras de desprecio de nuestros hombres al pasar”, informó el corresponsal de la Associated Press en Santiago de Cuba. “Incluso nuestros oficiales ya no ocultan su disgusto por sus aliados, y se entiende que la cálida amistad que les demostraron al principio se ha convertido ahora en desprecio”.⁴⁶

La exclusión de las negociaciones para la rendición de Santiago en julio fue sólo el primero en una serie de desaires a los cubanos. Los términos del protocolo de paz en agosto también se negociaron sin participación cubana, al igual que el tratado de paz en París aquel otoño. Tampoco tardaron los norteamericanos en adoptar los puntos de vista de las antiguas élites coloniales. Las autoridades de los Estados Unidos entraron en contacto directo con aquellos grupos sociales más hostiles a Cuba Libre, y éstos confirmaron las peores impresiones norteamericanas sobre los cubanos insurgentes. Despreciativas de los insurrectos, a menudo histéricas en su oposición a la independencia cubana, las élites locales negaban que los cubanos poseyeran la aptitud para el autogobierno. Advertían que el saqueo, la guerra de razas y las interminables vendettas de cubanos vengativos seguirían sin duda a la estela de la independencia. Empresarios, comerciantes y propietarios se agolparon en torno a los recién llegados norteamericanos con la esperanza de salvarse de la independencia cubana.

Sus puntos de vista ganaron rápida circulación entre los norteamericanos. Las “clases más altas”, escribió un periodista del New York Times, “se oponen, sobre todo, a un gobierno cubano absoluto… Si los revolucionarios cubanos toman el control, habrá un largo reinado del terror en el que todos los que se opusieron a la insurrección sufrirán enormemente”. Otro corresponsal predijo que la independencia “significaría entregar la isla a una condición de anarquía peor que aquella de la que estamos tratando de rescatarla”. El corresponsal de la Associated Press escribió sobre el “pavor” en Santiago de Cuba ante la perspectiva de la independencia, y concluyó que las “clases mejores… esperan fervientemente que los Estados Unidos retengan las riendas del gobierno en la isla, como única garantía de estabilidad y prosperidad”.⁴⁷

De hecho, los norteamericanos necesitaban poco estímulo para oponerse a la independencia cubana. Casi un siglo de denigración de la capacidad cubana para el autogobierno había preparado más que adecuadamente a los Estados Unidos para creer lo peor de sus antiguos aliados. Que personas en posición de realmente saber —residentes con propiedad y prestigio, altas autoridades civiles y militares españolas, funcionarios de la Iglesia, editores de periódicos— también se opusieran a la independencia, corroboraba las sospechas norteamericanas.

Casi desde el comienzo de la intervención, la propuesta de independencia fue despreciada y sus proponentes desacreditados. Los motivos cubanos para la independencia eran sospechosos, casi como si la oposición a la presencia norteamericana fuera prueba suficiente de que motivos egoístas, si no siniestros, acechaban tras los anhelos separatistas. Los cubanos no estaban inspirados por el amor a la libertad, sino por el atractivo del saqueo. “Desde el oficial más alto hasta el ‘soldado’ más humilde”, escribió un viajero, “estaban allí por el beneficio personal”.⁴⁸ El deseo cubano de independencia, concluyeron los norteamericanos, estaba motivado por el ansia de saquear y tomar represalias. Los cubanos estaban poseídos, informó un observador, por el “único deseo activo de asesinar y saquear”.⁴⁹ “Si vamos a salvar a Cuba”, exhortó un periodista neoyorquino, “debemos retenerla. Si la dejamos a los cubanos, la entregamos a un reinado del terror —al machete y a la antorcha, a la insurrección y al asesinato—”.⁵⁰

Esta era una proposición de la cual los norteamericanos extrajeron varias inferencias: primero, los cubanos no estaban preparados para el autogobierno. Una y otra y otra vez insistieron en el mismo tema. El imperativo ideológico del imperio echó raíces temprano y profundamente. El consenso era llamativo. El almirante William T. Sampson, miembro de la comisión de evacuación de los Estados Unidos, insistía en que los cubanos no tenían idea del autogobierno, y “llevará mucho tiempo enseñárselo”.⁵¹ Algunos funcionarios norteamericanos consideraban a los cubanos incapaces de autogobernarse en cualquier momento. “¡Autogobierno!”, protestaba el general William R. Shafter. “Esa gente no es más apta para el autogobierno de lo que la pólvora es para el infierno”.⁵² El general Samuel B. M. Young concluyó tras la guerra que los “insurgentes son una pandilla de degenerados, absolutamente desprovistos de honor o gratitud. No son más capaces del autogobierno que los salvajes de África”.⁵³ Una nota similar pulsó el mayor George M. Barbour, comisionado sanitario de los Estados Unidos en Santiago de Cuba. Los cubanos, insistía, “son estúpidos, dados a mentir y a hacer todas las cosas de la manera equivocada… Bajo nuestra supervisión, y con un cuidado firme y honesto para el futuro, el pueblo de Cuba puede convertirse en una raza útil y un crédito para el mundo; pero intentar lanzarlos como nación, durante esta generación, sería un gran error”.⁵⁴

La independencia era una proposición tan inverosímil como sus proponentes ineptos para gobernar, y en la mente norteamericana ambas cosas estaban ligadas. Sólo las “masas ignorantes”, la “chusma incontrolable” y los “alborotadores” —“el elemento”, advertía el gobernador general Leonard Wood, “absolutamente sin ninguna concepción de sus responsabilidades o deberes como ciudadanos”— defendían la independencia. “Los únicos que claman por [la independencia]”, concluyó Wood con desprecio no disimulado, “son aquellos cuyos antecedentes y acciones demuestran la imposibilidad del autogobierno en el presente”.⁵⁵

IX

El ideal independentista era popular, sin embargo, y la mayoría de los norteamericanos en Cuba concedían, aunque sólo fuera en privado, que la mayoría de los cubanos estaba consagrada a Cuba Libre. Pero el número por sí solo, se apresuraban a replicar, no podía determinar el destino de Cuba, particularmente cuando el sentir de la mayoría se identificaba con la perturbación, el desorden y el caos. Que grandes números de cubanos se opusieran a la anexión era razón suficiente para desconfiar y desacreditar el sentimiento independentista. Si había personas que se oponían al dominio estadounidense, probablemente estaban dirigidas por hombres malvados o no sabían lo que hacían. En cualquier caso, la oposición a los Estados Unidos por esta vía sólo servía para confirmar la incapacidad cubana para el autogobierno.

Si los Estados Unidos no encontraban apoyo en la mayoría independentista, derivaban algún consuelo de la calidad de la minoría antiindependentista. Las “clases mejores”, los propietarios, los educados, los blancos —aquellos sectores, en suma, más merecedores de la solicitud norteamericana— deseaban lazos estrechos y permanentes con los Estados Unidos. “La verdadera voz del pueblo de Cuba”, tranquilizaba el gobernador general Leonard Wood a la Casa Blanca a finales de 1899, “no se ha escuchado porque no han hablado y, a menos que esté completamente equivocado, cuando hablen habrá muchas más voces a favor de la anexión que las que actualmente se imagina”. Había, sin duda, “mucha verosimilitud”, aprendió el corresponsal Herbert P. Williams durante sus viajes por Cuba, en que la gran mayoría de la “chusma semibárbara en una votación nos pediría que dejáramos la isla”. Era “probablemente cierto”, también, que “los cubanos que quieren que nos vayamos superan en número a los que quieren que nos quedemos”. Pero el mero número era inconsecuente, insistía Williams. Concediendo que los Estados Unidos “no deben dedicarse al negocio de gobernar sin el consentimiento de los gobernados”, Williams concluía no obstante: “El punto es que si todos, o casi todos, los que tienen convicciones merecedoras de respeto están de un lado, no se debería permitir que el mero número decidiera el asunto”.⁵⁶

Estas eran consideraciones de gran importancia para las autoridades norteamericanas. En efecto, un eclipse político de los representantes de las “clases mejores” no era menos amenaza para los intereses estadounidenses, pues era sobre la ascensión política de las élites locales que reposaban las esperanzas estadounidenses de influencia sobre Cuba. Ambos se oponían a la independencia cubana. Ambos se oponían al gobierno cubano. Los formuladores de políticas necesitaban partidarios, los propietarios necesitaban seguridad. Los norteamericanos buscaban un sustituto para la independencia, las élites locales buscaban un sustituto para el colonialismo. La lógica de la colaboración era apremiante y obligatoria. Las antiguas élites coloniales necesitadas de protección y los nuevos gobernantes coloniales necesitados de aliados llegaron a un entendimiento. En efecto, el ascenso político de las “clases mejores” prometía no sólo obstruir el surgimiento del independentismo, sino también institucionalizar la influencia estadounidense desde dentro. Importaba algo menos que Cuba fuera independiente, si esa independencia se daba bajo los auspicios de una clase política cliente cuya propia salvación social era función de y dependía de la hegemonía estadounidense.

Los esfuerzos norteamericanos se centraron inicialmente en fomentar el ascenso de las antiguas élites coloniales como sustituto político en oposición al cuerpo político independentista. Los preparativos para las elecciones municipales de junio de 1900 requirieron primero la restricción del sufragio para excluir, en palabras del secretario de Guerra Elihu Root, a la “masa de ignorantes e incompetentes”, a fin de promover “un control conservador y reflexivo de Cuba por los cubanos” y “evitar el tipo de control que lleva a las perpetuas revoluciones de Centroamérica y otras islas de las Antillas”.⁵⁷

Habiendo limitado el sufragio, los Estados Unidos volvieron su atención a la organización de sus aliados políticos locales. El gobernador general Leonard Wood trabajó diligentemente en favor de los candidatos conservadores, buscando forjar a las “clases mejores” en una coalición política capaz de competir electoralmente con el “elemento extremo y revolucionario”. Dio aliento privado a los candidatos conservadores, reasegurándoles repetidamente el apoyo estadounidense, mientras buscaba neutralizar a la oposición. “Por supuesto”, reconocía Wood, “el partido habitual de oposición se desarrollará gradualmente, pero me esforzaré por darle una base lo más endeble posible para sostenerse”.⁵⁸

La votación en las elecciones municipales de 1900 asestó un duro golpe a los esfuerzos estadounidenses. Casi en todas partes, los candidatos respaldados por los Estados Unidos cayeron derrotados. Los independentistas triunfaron y, eufóricos con la victoria, intensificaron sus demandas de evacuación estadounidense de la isla.

Descorazonado pero no amedrentado, Wood volvió su atención a los preparativos para la siguiente ronda electoral: las elecciones programadas para diciembre de 1900 para seleccionar una asamblea constituyente. Esta vez Wood participó más activamente a favor de los candidatos conservadores. En agosto emprendió un arduo recorrido por la isla para hacer campaña por la elección de las “clases mejores”. En Santiago de Cuba, Wood apeló públicamente por la elección de los “mejores hombres” y dibujó su moraleja con una metáfora familiar: “Tengan en cuenta que ninguna constitución que no prevea un gobierno estable será aceptada por los Estados Unidos. Deseo evitar que Cuba se convierta en un segundo Haití”. En Puerto Príncipe, Wood advirtió que si los cubanos elegían delegados que no apoyaran el orden, los Estados Unidos no retirarían sus fuerzas militares. En Cienfuegos informó con confianza que “los hombres de mejor clase [están] presentándose diariamente como candidatos para la convención”. En su informe preelectoral final a la Casa Blanca, Wood detalló los logros de sus viajes por la isla. “He visto a la mayoría de los hombres prominentes”, explicó, “haciendo todo lo posible para que envíen a los mejores y más capaces a la Convención Constitucional, sin consideración a los partidos políticos. Algunos de los hombres nominados son excelentes, otros son malos. Espero, sin embargo, que estos últimos sean derrotados”. No obstante, hizo una advertencia y apeló a McKinley a proceder despacio con los planes de evacuación, “hasta que veamos qué clase está apareciendo al frente para los cargos previstos en la Constitución”.⁵⁹

Los independentistas prevalecieron de nuevo. “Lamento informarle”, escribió un decepcionado Wood al senador Orville H. Platt en diciembre de 1900, “que el partido dominante en la convención hoy contiene probablemente el peor elemento político de la isla y requerirá vigilancia cuidadosa”. Se lamentaba:

Los hombres que esperaba ver tomar la dirigencia han sido empujados al segundo plano por el elemento absolutamente irresponsable e indigno de confianza… Hay varios hombres excelentes en la Convención; también hay algunos de los pícaros más inescrupulosos que caminan por la isla. El único temor en Cuba hoy no es que nos quedemos, sino que nos vayamos demasiado pronto. Los elementos que desean nuestra partida inmediata son los hombres cuya única capacidad se demostrará como una capacidad para destruir toda esperanza para el futuro.

Y subrayaba su punto: “La clase a la que debemos mirar para el gobierno estable en Cuba todavía no está suficientemente representada para darnos esa seguridad y confianza que deseamos”.⁶⁰

Wood compartió su desesperación con el secretario de Guerra. “Estoy decepcionado por la composición de la Convención”, confió pesaroso a Root. La responsabilidad de redactar una nueva constitución había recaído en algunos de los “peores agitadores y radicales políticos de Cuba”. Wood cuestionó nuevamente la sensatez de proceder con los planes de evacuación. “Ninguno de los hombres más inteligentes afirma que el pueblo esté ya listo para el autogobierno”, escribía Wood con tristeza. “En caso de que nos retiremos”, advertía, los miembros de la convención representaban “la clase a la que tendría que entregarse Cuba… pues los cubanos altamente inteligentes de las clases terratenientes, industriales y comerciales no están en la política”. Dos tercios de los delegados de la convención eran “aventureros pura y simplemente”, no “representantes de Cuba” y “no eran líderes seguros”.⁶¹

A medida que 1900 llegaba a su fin, los Estados Unidos se encontraban en posesión de una isla que no podían ni retener completamente ni soltar del todo, enfrentando el inminente ascenso de las mismas fuerzas políticas que la intervención había sido diseñada para contener. La manera en que los cubanos habían respondido a las elecciones democráticas, concluían los funcionarios norteamericanos, confirmaba la incapacidad cubana para el autogobierno. Al no elegir a los candidatos aceptables para los Estados Unidos, los cubanos se habían mostrado a sí mismos como mal preparados para asumir la responsabilidad de la independencia. El juicio de los cubanos era defectuoso; simplemente no se podía confiar en ellos para elegir a los “mejores hombres”. Algunas conclusiones parecían imponerse. Las elecciones revelaban a los cubanos carentes de madurez política. Se dejaban llevar fácilmente por las emociones y conducir prontamente por los demagogos, lo que para los norteamericanos significaba que no estaban listos para asumir plena responsabilidad sobre la soberanía. En tales circunstancias, los Estados Unidos no podían retirarse de Cuba sin reservarse algún medio mediante el cual garantizar el orden y la estabilidad.

La justificación para un ejercicio continuado de la autoridad estadounidense encontró sanción en interpretaciones revisadas de la Resolución Conjunta. Si el principio de la Enmienda Teller no podía ser repudiado, su significado sería revisado. “Los Estados Unidos”, estipulaba la Enmienda Teller, “por la presente renuncian a toda disposición o intención de ejercer soberanía, jurisdicción o control sobre dicha isla, excepto para su pacificación”. La nueva interpretación oficial de la Enmienda Teller insistía en que la “pacificación” requería condiciones de estabilidad. Pero “estabilidad” y “gobierno estable” también eran muchas cosas para muchas personas. “¿Qué significa ‘pacificación’ en esa cláusula?”, preguntaba retóricamente el senador Platt a mediados de 1900. “Nos hicimos responsables del establecimiento allí de un gobierno que estuviéramos dispuestos a respaldar ante el mundo: un gobierno estable, un gobierno del que estuviéramos dispuestos a ser responsables ante los ojos del mundo”.⁶² Y en otro momento, Platt insistía: “La ‘pacificación’ de la ‘isla’ significa manifiestamente el establecimiento en esa isla de un gobierno capaz de proteger adecuadamente la vida, la libertad y la propiedad”.⁶³

Una vez que la estabilidad fue subsumida en el significado de la Resolución Conjunta, la independencia se convirtió en una condición que los Estados Unidos pretendían tener autorización para reconocer, restringir o revocar, según lo justificaran las circunstancias. La estabilidad, como la pacificación, sin embargo, también sufrió repetidas transformaciones ideológicas, y pronto se hizo evidente que en su forma final no era una condición distinta de la de un protectorado de los Estados Unidos. Cuando se le preguntó durante audiencias del Congreso si los cubanos debían ser “enteramente independientes en la administración de sus propios asuntos locales”, el general James H. Wilson respondió inequívocamente: “Sólo en la medida en que estén dispuestos a comprometerse a manejar sus propios asuntos de una manera que sea aceptable y agradable para nosotros”.⁶⁴ Wood estaba de acuerdo: “Cuando se declaró la Guerra hispano-estadounidense, los Estados Unidos dieron un paso adelante y asumieron una posición de protector de los intereses de Cuba. Se hizo responsable del bienestar del pueblo, política, mental y moralmente”.⁶⁵

XII

Para el tercer año de la ocupación militar, los Estados Unidos habían fracasado en disminuir el atractivo de Cuba Libre. El independentismo persistía como una fuerza política potente. La incapacidad de las antiguas élites coloniales para ganar el control político obligó a los Estados Unidos a buscar medios alternativos de hegemonía. Las “clases mejores” se habían mostrado de valor político limitado. Habían tenido un mal desempeño en las urnas, y por mucho que las respaldaran los norteamericanos, parecía imposible elevarlas al poder. “Creo que corremos un gran peligro de encontrarnos en una posición muy embarazosa e insostenible”, advertía Root a principios de 1901.⁶⁶ La administración estaba dispuesta, incluso ansiosa, a poner fin a la ocupación, pero no sin antes asegurar las garantías necesarias para los intereses estadounidenses. Root buscó dar forma legal a la autoridad estadounidense, algo así como relaciones políticas vinculantes basadas en la Doctrina Monroe.

En enero de 1901, Root esbozó cuatro disposiciones que consideraba esenciales para los intereses estadounidenses. Primera: “que al transferir el control de Cuba al Gobierno establecido bajo la nueva constitución, los Estados Unidos se reservan y retienen el derecho de intervención para la preservación de la independencia cubana y el mantenimiento de un Gobierno estable que proteja adecuadamente la vida, la propiedad y la libertad individual”. Segunda: “que ningún Gobierno organizado bajo la constitución podrá considerarse con autoridad para celebrar tratado o compromiso alguno con cualquier potencia extranjera que pueda menoscabar o interferir con la independencia de Cuba”. Root también insistía en que, para cumplir “los deberes que puedan corresponderle bajo las disposiciones anteriores y para su propia defensa”, los Estados Unidos “podrán adquirir y conservar el título de la tierra y mantener estaciones navales en ciertos puntos determinados”. Por último, “que todos los actos del Gobierno Militar, y todos los derechos adquiridos bajo el mismo, serán válidos y serán mantenidos y protegidos”.⁶⁷

No se trataba de formulaciones políticas enteramente nuevas. Habían sido discutidas previamente de una u otra forma. Root reconocía que sus propuestas debían cierta inspiración a las relaciones de Inglaterra con Egipto, que parecían permitir “que Inglaterra se retirara y mantuviera aún su control moral”.⁶⁸ Su urgencia, sin embargo, era nueva. Nuevo, también, era el medio mediante el cual Root proponía fijar los términos de las relaciones políticas. Sólo dieciocho meses antes había concebido la cuestión de las relaciones políticas entre Cuba y los Estados Unidos como tema apropiado de futuras negociaciones. “Cuando ese gobierno se establezca”, había afirmado Root en 1899, “las relaciones que existan entre él y los Estados Unidos serán materia de libre y no controlada discusión entre las dos partes”. Sin embargo, después de 1900, Root decidió imponer unilateralmente a la asamblea constituyente cubana los términos formales de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos como parte de la “ley fundamental de Cuba”.⁶⁹

En gran medida, la decisión de fijar la naturaleza de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos mientras la isla seguía ocupada militarmente y gobernada por los Estados Unidos señaló el fracaso de los designios estadounidenses. El ideal independentista resultó más fuerte de lo que los norteamericanos habían anticipado, y una vez que asumió formas institucionales, principalmente a través de partidos políticos, programas partidarios y funcionarios debidamente electos, se expandió en una fuerza de atractivo popular aún mayor. La decisión de presionar por relaciones vinculantes, incluso mientras la isla permanecía bajo ocupación militar, subrayaba aún más la comprensión en los Estados Unidos de que, una vez lograda la independencia, los cubanos no consentirían en las limitaciones propuestas sobre su soberanía. La expectativa original en 1899 de que las relaciones políticas serían objeto de “libre y no controlada discusión” entre ambos gobiernos se basaba en el supuesto de que los Estados Unidos negociarían con representantes de las antiguas élites coloniales, que dependían de la hegemonía norteamericana como fuente de su ascenso local. Sin embargo, después de 1900, los resultados de las elecciones locales planteaban la posibilidad real de que la isla pasara enteramente al control de la coalición independentista, poco dispuesta a comprometer la soberanía nacional para acomodar las necesidades norteamericanas.

Por tanto, era necesario usar la ocupación militar como medio para arrancar a los cubanos la aquiescencia a las demandas estadounidenses. De lo contrario, los norteamericanos enfrentarían la improbable situación de tener que negociar con Cuba, en paridad de soberanía, la restricción de su soberanía nacional. Este era el “gran peligro” al que aludía Root y que colocaría a los Estados Unidos en “una posición muy embarazosa e insostenible”. El “significado más obvio” de la Resolución Conjunta, concedió Root confidencialmente a principios de 1901, exigía primero el establecimiento de un gobierno independiente en Cuba, seguido de la negociación de un tratado de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. “Sin embargo”, se apresuraba a añadir Root, “es claro que ese curso dejaría a los Estados Unidos en una peor posición respecto a sus propios intereses que cuando España tenía la soberanía de Cuba, y sería un abandono tanto de nuestros intereses como de la seguridad de la propia Cuba”. Los intereses de los Estados Unidos requerían “limitaciones constitucionales que nunca se incluirían en la Constitución [cubana] excepto por nuestra insistencia o sugerencia”. El senador Platt estuvo de acuerdo. Diferir la cuestión de las relaciones hasta la inauguración de un gobierno cubano, advertía, arriesgaba renunciar a “cualquier derecho a ser escuchado en cuanto a cuáles serán las relaciones”, y arriesgaba, además, tener que “contentarse con nada en absoluto”.⁷⁰

Wood respondió a las relaciones propuestas con entusiasmo. Las estipulaciones, estaba seguro, servirían a la larga para promover el ascenso político de las clases mejores. La relación entre el pobre desempeño político de las élites locales en Cuba, por una parte, y la falta de una política estadounidense declarada, por otra, argumentaba Wood, era evidente. “Nuestra política hacia Cuba”, se quejaba, “ha hecho imposible que los elementos empresariales y conservadores declaren francamente lo que desean, por temor a quedar abandonados por la repentina retirada de nuestro Gobierno”. Wood retornaba a su preocupación perdurable:

No debe olvidarse ni por un momento que los elementos políticos dominantes actuales no son representativos del pueblo cubano en su conjunto. En términos generales, son un grupo de aventureros, y entregar el país a ellos antes de que un mejor elemento se haya presentado al frente no será nada más, ni nada menos, en efecto, que entregar la isla al despojo. Sería un golpe terrible a la civilización aquí. Creo en el establecimiento de un gobierno del y por el pueblo de Cuba, y de un gobierno libre, porque lo hemos prometido, pero no creo en entregar el Gobierno actual a los aventureros que están ahora en la Convención y en muchas de las municipalidades. Que el Congreso fije una fecha definitiva de retirada siempre que exista un gobierno apropiado, y haré todo el esfuerzo posible por traer al primer plano los elementos conservadores y representativos… He comenzado el nuevo año con una política sistemática de instar y alentar por todos los medios apropiados al elemento conservador a presentarse al frente e interesarse por la situación política.⁷¹

XIII

En sus rasgos esenciales, la Enmienda Platt, promulgada como ley por el Congreso en febrero de 1901, abordaba los elementos centrales de los objetivos estadounidenses a lo largo del siglo XIX. Sustituto adecuado, aunque imperfecto, de la anexión, sirvió para transformar la sustancia de la soberanía cubana en una extensión del sistema nacional estadounidense. Las restricciones impuestas a la conducción de las relaciones exteriores —específicamente la negación de la autoridad para celebrar tratados y las restricciones de deuda, así como la prohibición de cesión de territorio nacional— estaban diseñadas para minimizar la implicación internacional cubana:

• I. Que el gobierno de Cuba nunca celebrará con ninguna potencia o potencias extranjeras tratado o pacto alguno que menoscabe o tienda a menoscabar la independencia de Cuba, ni autorice o permita en manera alguna a ninguna potencia o potencias extranjeras obtener, por colonización o para fines militares o navales o de otro modo, asiento o control sobre porción alguna de dicha isla.
• II. Que dicho gobierno no asumirá ni contraerá ninguna deuda pública para cuyo pago de intereses, y para hacer las disposiciones razonables de fondo de amortización para su descargo final, los ingresos ordinarios de la isla, después de cubrir los gastos corrientes del gobierno, resulten inadecuados.
• III. Que el gobierno de Cuba consiente en que los Estados Unidos puedan ejercer el derecho de intervenir para la preservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual, y para cumplir las obligaciones con respecto a Cuba impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París, que ahora deben ser asumidas y cumplidas por el gobierno de Cuba.
• IV. Que todos los actos de los Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar son ratificados y validados, y todos los derechos legales adquiridos bajo los mismos serán mantenidos y protegidos.
• V. Que el gobierno de Cuba ejecutará y, en la medida necesaria, extenderá, los planes ya ideados u otros planes que se acuerden mutuamente, para el saneamiento de las ciudades de la isla, a fin de prevenir la recurrencia de enfermedades epidémicas e infecciosas, asegurando así la protección al pueblo y al comercio de Cuba, así como al comercio de los puertos del sur de los Estados Unidos y a la gente que reside en ellos.
• VI. Que la Isla de Pinos será omitida de los límites constitucionales propuestos de Cuba, dejándose su titularidad para un ajuste futuro mediante tratado.
• VII. Que para permitir a los Estados Unidos mantener la independencia de Cuba y proteger a su pueblo, así como para su propia defensa, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos los terrenos necesarios para estaciones carboneras o navales en ciertos puntos especificados, a convenir con el Presidente de los Estados Unidos.
• VIII. Que, como garantía adicional, el gobierno de Cuba incorporará las disposiciones anteriores en un tratado permanente con los Estados Unidos.⁷²

El fracaso en instalar a las clases mejores en el poder significaba un futuro incierto en la organización de la nueva república. Claramente, si la autoridad y los recursos de los Estados Unidos no podían contener la potencia del ideal revolucionario durante la ocupación, ¿qué seguiría a la evacuación? Las elecciones habían subrayado la incertidumbre, si no la ineficacia, del proceso democrático, y el punto no escapó a los norteamericanos. La Enmienda Platt descansaba sobre la premisa central, aunque no plenamente declarada, de que el principal peligro para los intereses estadounidenses en Cuba se originaba en los propios cubanos, o al menos en aquellos cubanos del campo independentista. Ya fuera en la dirección de los asuntos exteriores, en la gestión de los fondos públicos o en la conducción de la política nacional, el gobierno de los cubanos seguía siendo siempre una proposición dudosa, una empresa tan poco sólida en sus premisas como incierta en su permanencia. Root fue franco. Las relaciones propuestas representaban “el límite extremo de la indulgencia de este país en materia de independencia de Cuba”. La dirigencia política que emergía en La Habana no inspiraba confianza en los Estados Unidos. “El carácter de la clase gobernante”, reconocía Root, “es tal que su administración de los asuntos de la isla requerirá la influencia moderadora del gobierno de los Estados Unidos durante muchos años por venir, aunque no llegue a ser necesario que este gobierno tome el control directo y absoluto de los asuntos cubanos”.⁷³

XIV

La noticia de la Enmienda Platt provocó protestas populares generalizadas en Cuba. Se realizaron manifestaciones antiestadounidenses en toda la isla. Antiguos jefes insurgentes denunciaron las relaciones propuestas y aludieron a la necesidad de volver al campo de la lucha armada para vindicar el ideal independentista. Consejos municipales, organizaciones cívicas y asociaciones de veteranos cablegrafiaron protestas a las autoridades norteamericanas en La Habana y Washington. Esta muestra de oposición popular alentó a la asamblea constituyente a resistirse a incorporar la enmienda como parte de la nueva constitución. La aprensión aumentó entre los funcionarios norteamericanos. Se preparó una escuadra naval para una “visita de cortesía” a La Habana. Aun así, Wood se inquietó y telegrafió a Root: “¿Puede indicarme nuestra acción en caso de que la Convención se niegue a aceptar la Enmienda Platt?”.⁷⁴

Root no se inmutó. No habría ni transacción sobre la enmienda del Congreso ni concesión a la independencia cubana, advertía, hasta que los cubanos ratificaran las relaciones propuestas. Fue inflexible. “Bajo la ley del Congreso, nunca pueden tener gobierno alguno en Cuba, salvo el Gobierno interventor de los Estados Unidos, hasta que hayan actuado”. Los miembros de la convención constituyente “deberían tener inteligencia suficiente para comprender que no pueden eludir su responsabilidad excepto mediante una negativa a actuar, lo cual requerirá necesariamente la convocatoria de otra Convención que actúe”. “Ninguna constitución puede entrar en vigor en Cuba”, advertía Root sin rodeos, “y ningún gobierno puede ser elegido bajo ella; ninguna ley electoral de la Convención puede entrar en vigor, y ninguna elección celebrada bajo ella, hasta que hayan actuado sobre esta cuestión de las relaciones de conformidad con esta ley del Congreso”. La resistencia continuada a las demandas estadounidenses, advertía Root ominosamente, tendría consecuencias funestas. “Hay sólo una manera posible de que ellos pongan fin al gobierno militar y hagan efectiva la constitución o la ley electoral; es cumplir todo el deber para el que fueron elegidos”.⁷⁵

A principios de junio, los cubanos cesaron en su resistencia. Era evidente que la elección que tenía la convención por delante era soberanía limitada o ninguna soberanía. Aceptó la Enmienda Platt como apéndice de la nueva constitución de 1901 por dieciséis votos contra once.

Sobre el autor

Louis A. Pérez Jr.: Uno de los principales estudiosos de Cuba a nivel mundial. Desde los Estados Unidos, su prolífica obra —que incluye Cuba and the United States: Ties of Singular Intimacy y The Structure of Cuban History— analiza la evolución social, política y cultural de la nación.