En la tarde del 18 de junio, la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunida en la tercera sesión extraordinaria de su X Legislatura, aprobó la transformación económica más profunda que Cuba ha emprendido desde 1959. El paquete —176 medidas agrupadas en veintitrés ejes— fue leído ante el plenario por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y ratificado, tras unas pocas horas de intervenciones mayoritariamente de apoyo, por una cámara que el día anterior había visto al Comité Central del Partido bendecir el mismo texto en un pleno extraordinario. Raúl Castro, de noventa y cinco años y presente por videoconferencia, aportó su firma y una carta de respaldo. Díaz-Canel, al cerrar el debate, insistió dos veces en que el país no renunciaba al socialismo, y recurrió a una fórmula que hizo casi todo el trabajo retórico de la jornada: más socialismo a la cubana. La cadencia fue la de costumbre. Anunciado el día 12, aprobado por el Partido el 17, refrendado por la Asamblea el 18: el Partido decide, el parlamento avala.
Lo que se avaló, sin embargo, rompe con la doctrina que la Revolución defendió durante seis décadas. Despojado del lenguaje de preservación en que vino envuelto, el documento legaliza la banca privada y las casas de cambio privadas, permite que el capital extranjero y el de la emigración compre acciones de empresas cubanas, convierte las empresas estatales en sociedades mercantiles parcialmente vendibles, abre la importación y la venta minorista de combustible a manos privadas y foráneas, autoriza la venta de inmuebles residenciales a extranjeros, abandona los topes generales de precios y la canasta normada, y faculta a las empresas a despedir trabajadores a su propia discreción. Una revolución que cifró buena parte de su legitimidad en no ser una economía de mercado acaba de legislar una —matizada, gradual y acotada, pero una economía de mercado al fin.
Las confesiones que importaron
Las reformas fueron notables menos por su audacia que por las confesiones que las acompañaron. Dos sobresalieron. La primera, histórica. Quizá por primera vez de boca de un jefe de Estado cubano en términos tan llanos, Díaz-Canel reconoció que el modelo social se había sostenido no solo por voluntad política, sino por recursos llegados de otra parte: en un tiempo, del bloque socialista; en otro, de países amigos. La implicación, no dicha pero inequívoca, es que los logros que la Revolución atribuye a su sistema fueron financiados durante tres décadas por el subsidio soviético, y que el sistema, tal como fue diseñado, nunca ha podido pagarse a sí mismo. El debate ahora, dijo, es cómo seguir construyendo socialismo sin esa dependencia externa, con talento y esfuerzo propios.
La segunda confesión fue diagnóstica, y acaso más lesiva para el relato del propio régimen. Díaz-Canel admitió que no toda la parálisis del país viene de Washington. Hay trabas, dijo, que no vienen de afuera ni del bloqueo: lentitud interna, burocracia, normas que frenan al que quiere producir, decisiones postergadas durante años. Incluso en un contexto externo más favorable, concedió, estos cambios habrían sido necesarios, solo que emprendidos con más comodidad. Es una admisión notable en un gobierno que ha pasado décadas haciendo del bloqueo la explicación de todo. El permiso ideológico para todo ello lo había firmado en 1993 el propio Fidel, citado con aprobación por Marrero: el derrumbe del mundo bipolar, había dicho el Comandante, obligaba a Cuba «a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca» de haber tenido capital y tecnología propios. Tres décadas después, los herederos invocaron esa frase no como lamento sino como mandato.
El alcance del giro
La arquitectura del paquete se entiende mejor no eje por eje, sino como una retirada coordinada del Estado de tres funciones que había monopolizado: la propiedad, la asignación y el precio.
El paquete de un vistazo: el Estado cubano se retira de la propiedad, la asignación y el precio, cortejando al capital que las sanciones de EE. UU. están en condiciones de repeler.
En materia de propiedad, la empresa estatal se rehace. Gana autonomía real para fijar sus salarios y precios, para invertir financieramente, para retener una mayor parte de su utilidad después de impuestos y, de manera decisiva, se transforma en sociedad mercantil que emite acciones. El Estado definirá su participación sector por sector, conservando la mayoría solo en los que considere estratégicos; en el resto podrán entrar cooperativas, empresas privadas y personas naturales —cubanas o extranjeras, residentes o de la diáspora—. Un programa nacional inventariará y titulará los activos estatales a valor de mercado para que sirvan de garantía colateral o se arrienden a operadores privados y foráneos. En paralelo, el sector privado queda desatado: las empresas podrán superar los cien trabajadores, organizarse como sociedades anónimas, tener participación en más de una compañía, y una misma persona poseer varias. Se invita a la inversión extranjera directa a entrar en las empresas privadas y en las mipymes, con derechos de superficie de hasta noventa y nueve años y la supresión de la entidad empleadora estatal obligatoria.
En materia de asignación, la planificación deja de distribuir recursos físicos y pasa a emitir señales de precios. Las empresas estatales accederán a insumos, divisas y capital por mecanismos de mercado y no por asignación ministerial; el encargo estatal se vuelve un contrato entre partes. Las reformas bancaria y cambiaria concretan el viraje. La banca privada y extranjera podrá operar bajo supervisión del Banco Central en igualdad de condiciones con la estatal; se licencian casas de cambio privadas; se crean un mercado cambiario digital en tiempo real y subastas de divisas; se formalizan las remesas mediante agentes privados de última milla; los activos virtuales reciben un marco regulatorio. El peso se devaluará en pasos sucesivos hasta estrechar las distorsiones cambiarias, y el documento es franco sobre el costo: las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas. La dolarización parcial, ya un hecho de la vida cotidiana, se profundiza y se racionaliza.
En materia de precio, la retirada es la más visible para el cubano de a pie. Se abandonan de plano los topes generales —Díaz-Canel admitió que nunca contuvieron la inflación y que, en cambio, provocaron escasez, mercado ilegal y menos recaudación—. La formación de precios se descentraliza a empresas y territorios. Se introducirá de forma gradual un impuesto al valor agregado, sostenido por la factura electrónica obligatoria. Los subsidios migran del producto a la persona: combustible, electricidad, transporte y agua deberán trasladar sus costos reales al precio final, con un nuevo Fondo de Protección Social —construido con el ahorro de los subsidios eliminados— como condición previa declarada. La canasta normada cede paso a ventas controladas sin subsidio, con garantías prometidas solo a jubilados, enfermos crónicos y vulnerables. La tierra sigue la misma lógica: usufructo indefinido, eliminación del requisito de trabajo directo, cooperativas libres de comerciar en el exterior y abrir cuentas en divisas, precios agrícolas pactados entre productor y comprador. «No hay soberanía con el plato vacío», dijo Díaz-Canel, declarando el alimento un asunto de seguridad nacional y las tierras ociosas cosa del pasado: que produzcan, o que pasen a manos de quien esté dispuesto a hacerlo.
En torno a ese núcleo se ordenan las piezas habilitantes: importación privada de combustible y despliegue solar, venta de inmuebles en zonas turísticas, inversión extranjera en La Habana Vieja, un Estado central más delgado con menos ministerios, despidos a discreción de la empresa amortiguados con entre tres y seis meses de salario, y gobiernos municipales facultados para exportar, importar y captar capital extranjero por cuenta propia.
Lo que el propio régimen admitió no poder controlar
La franqueza alcanzó también a los riesgos. Marrero enumeró las contradicciones que el gobierno ya prevé: el mordisco inflacionario de la dolarización parcial, el choque entre eliminar subsidios y contener precios, la descentralización hacia municipios sin capacidad para ejercerla, y la liberación de precios agrícolas sin el aumento de producción que la justificaría. Trazó la línea que enmarcará cada disputa por venir: el paquete es el «qué», y el «cómo» está por escribirse. La distinción no es modesta. La implementación toca más de 148 normas jurídicas, con quince derogaciones, veintidós reescrituras totales, setenta y nueve modificaciones parciales y treinta y dos instrumentos enteramente nuevos de rango superior, entre ellos diez leyes. La Asamblea aprobó un rumbo; el documento único y ejecutable todavía no existe.
Consecuencias inmediatas
Las reformas llegan a una economía en algo parecido a la caída libre. La CEPAL proyecta una contracción del 6,5 por ciento en 2026, sobre el 3,8 por ciento de 2025: una pérdida acumulada superior al diez por ciento en dos años y cerca de una cuarta parte del producto desde 2020, el peor desempeño de América Latina por segundo año consecutivo. La inflación anual rozó el 16 por ciento en mayo, con los alimentos casi un quinto más caros; el dólar informal tocó los 600 pesos a inicios de junio; la zafra azucarera cayó por debajo de las 150.000 toneladas, mínimo de un siglo; la emigración superó el cuarto de millón de personas en 2024; y los apagones se prolongan más de veinte horas diarias en parte del país.
Contra ese telón de fondo, los efectos inmediatos de las reformas se sentirán probablemente como dolor antes que como alivio. La devaluación, el fin de los topes, la migración de los subsidios y la introducción del IVA empujan los precios al alza en el corto plazo, y los amortiguadores prometidos —el Fondo de Protección Social, la reforma de salarios y pensiones, la canasta focalizada— son justamente los elementos más dependientes de una capacidad fiscal que el Estado aún no tiene. Díaz-Canel reconoció el peligro central: que la dolarización parcial, al privilegiar a quien tiene acceso a la divisa, ensanche la misma desigualdad que la Revolución existe para negar. La apuesta del gobierno aparece cruda en los documentos: no actuar ahora arriesga consecuencias que, en palabra de Marrero, serían irreversibles. Es la lógica de una apertura gestionada no desde la confianza, sino desde la ausencia de cualquier alternativa.
Una conjetura: cómo responde Washington
La mayor ironía del 18 de junio es que las reformas cortejan exactamente el tipo de capital privado, extranjero y de la diáspora que la política estadounidense dice querer que fluya hacia un sector privado cubano «independiente» —y que Estados Unidos ha pasado los últimos dieciocho meses construyendo la maquinaria para mantener fuera—. Cuba regresó a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en enero de 2025. Una orden ejecutiva del 29 de enero de 2026 declaró una emergencia nacional y amenazó con aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba: la medida de «inanición energética» que expertos de la ONU condenaron como un bloqueo de combustible. Luego, el 1 de mayo, la Orden Ejecutiva 14404 impuso un régimen de sanciones secundarias al estilo del aplicado a Irán y Rusia, exponiendo a designación a cualquier persona extranjera que opere en los sectores energético, financiero, minero, de defensa o de seguridad de la economía cubana, y a la pérdida de acceso al sistema financiero estadounidense a todo banco foráneo que trate con ella. GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía y cuyos ingresos se estiman en varias veces el presupuesto del Estado, figuró entre los primeros designados en mayo.
Leído contra esa arquitectura, lo más probable es que la respuesta estadounidense consista en no hacer nada nuevo, porque nada nuevo hace falta. Un banco privado cubano, una casa de cambio licenciada, un importador foráneo de combustible: cada uno es precisamente la clase de actor financiero o energético que las órdenes vigentes ya alcanzan. Washington puede dejar que las sanciones asfixien y narrar el resultado como vindicación. Cabe esperar tres posturas superpuestas. La primera, y más probable, es el desdén: las reformas presentadas como una maniobra de supervivencia para captar divisas por canales controlados por los militares, prueba no de liberalización sino de desesperación, con la máxima presión mantenida en la apuesta de que el derrumbe está más cerca que la recuperación. La segunda es la vuelta de la victoria retórica: la apertura exhibida como confesión de fracaso y como evidencia de que el embargo funciona. La tercera, posibilidad minoritaria, es la explotación táctica: una facción que invoque el lenguaje del «sector privado independiente» del propio memorando presidencial para defender licencias generales acotadas que canalicen apoyo a actores genuinamente privados mientras se aprieta al Estado y al Ejército. La dificultad allí es práctica —distinguir una empresa verdaderamente privada de una vinculada a GAESA es casi imposible— y política, pues todo gesto que parezca un salvavidas tiene un costo en Florida que esta administración difícilmente pagará.
El punto estructural sobrevive a las tres. Para que las reformas rindan, el capital tiene que llegar, y el capital más plausiblemente disponible —inversionistas de terceros países, bancos extranjeros, los cubanos del exilio a quienes Díaz-Canel invitó expresamente a volver e invertir— opera ahora a la sombra de sanciones secundarias que convierten cualquier exposición a Cuba en un pasivo frente al mercado estadounidense. La Habana ha abierto una puerta que Washington está en condiciones de mantener cerrada. Que la apuesta del régimen prospere puede depender menos del diseño de las reformas que de si alguien con dinero está dispuesto a cruzarla.
El peso de todo esto
Hay una tentación de leer la jornada como capitulación, y el régimen trabajó duro para prohibir esa lectura: la firma de Raúl, las invocaciones a Fidel, la letanía de mártires que cerró el discurso de Díaz-Canel, la insistencia en que la empresa estatal sigue siendo el pilar y la tierra, propiedad de todo el pueblo. Pero la descripción más honesta es que un sistema ha legislado al fin lo que su propia supervivencia exigía y lo que pasó una generación negándose a admitir que exigía. Si «más socialismo a la cubana» resulta ser una descripción exacta de lo que emerja o apenas el epitafio adherido a su transformación es, por ahora, una pregunta abierta. Lo que ya no está abierto es la puerta.