La reforma y su pregunta de fondo
El 18 de junio de 2026, en el Palacio de Convenciones de La Habana, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó ante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de 176 medidas agrupadas en veintitrés ejes y rotulado como «Programa Económico y Social para 2026». Raúl Castro siguió la sesión de forma telemática; Miguel Díaz-Canel asistió en persona. El Comité Central del Partido Comunista lo había aprobado el día anterior en pleno extraordinario, y la Asamblea —fiel a una liturgia que rara vez depara sorpresas— lo ratificó sin disidencia visible.
El contenido, sin embargo, sí depara sorpresas. Por primera vez desde 1959, el Estado cubano autoriza convertir empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones cuyos títulos podrán comprar tanto cubanos como extranjeros; permite la banca privada y las casas de cambio privadas; abre cuentas en divisas sin autorización administrativa previa; legaliza canales privados de remesas a través de la figura del «agente de pago de última milla»; esboza un marco para activos virtuales; elimina el techo de cien empleados que desde 2021 definía a las mipymes; abre la venta minorista de combustible al capital privado y extranjero; y reduce de veintisiete a veintiún el número de ministerios. Equipara, además, al cubano residente en el exterior con el inversor extranjero. Es, por su alcance, la mayor transformación del modelo económico de la isla en casi siete décadas.
Un paquete de esta envergadura no es solo un acontecimiento cubano; es, sin que sus autores lo busquen, una pregunta de teoría económica formulada en directo. ¿Puede un Estado de partido único generar prosperidad de mercado abriendo la economía mientras conserva intacto el monopolio político? ¿O la propiedad y el contrato solo florecen cuando el poder que los concede está, a su vez, atado por restricciones que no controla? Esa es, exactamente, la línea de falla que separa a dos de los economistas políticos más influyentes de las últimas tres décadas: Andrei Shleifer y Daron Acemoglu. Ambos suscriben el lema de que «las instituciones importan». Discrepan en casi todo lo demás: en qué instituciones importan, cómo nacieron y, sobre todo, en qué orden deben construirse.
Cuba ha decidido, en la práctica, responder esa pregunta con los hechos. Vale la pena, antes de juzgar la respuesta, reconstruir con cuidado las dos teorías que la atraviesan.
Dos teorías del desarrollo: estilo legal contra poder político
El núcleo del desacuerdo es la identidad del motor. Para Shleifer, la variable maestra de la prosperidad es la arquitectura jurídica: en la tradición de los «orígenes legales» que desarrolló con Rafael La Porta, Florencio López-de-Silanes y otros, sostiene que los países que heredaron el common law inglés protegen mejor al inversor, generan jurisprudencia más flexible y arrastran menos «formalismo legal» que los herederos del derecho civil de cuño francés, y que esa diferencia se traduce en mercados de capital más profundos y crecimiento más rápido. La ley no es un reflejo de la política: es una tecnología, y unas tecnologías jurídicas asignan el capital mejor que otras.
Para Acemoglu —en la obra que firma con Simon Johnson y James Robinson, coronada con el Nobel de 2024— ese énfasis confunde el síntoma con la causa. Los códigos legales son un subproducto superficial de algo más hondo: la distribución del poder político. Lo decisivo es si las instituciones son inclusivas, es decir, si reparten el poder de forma amplia y someten al Estado a restricciones, o extractivas, si concentran el poder en una élite que organiza la economía para drenar la riqueza hacia sí misma. Un régimen extractivo puede promulgar el código mercantil más elegante del mundo; sus élites lo torcerán, lo ignorarán o lo aplicarán selectivamente en cuanto estorbe a sus intereses. La ley escrita sin poder repartido es letra muerta con buena caligrafía.
La misma divergencia reaparece cuando ambos miran al pasado colonial para explicar la desigualdad presente. Shleifer lee la historia como un trasplante de infraestructuras jurídicas: Gran Bretaña legó el common law, Francia el derecho civil, y la suerte económica de las antiguas colonias dependió en buena medida de qué sistema heredaron. Acemoglu invierte la cámara: lo que importó no fue la identidad del colonizador, sino el entorno que encontró. Donde la mortalidad de los colonos era alta —el África tropical—, los europeos no se asentaron; montaron instituciones extractivas para succionar recursos, fueran británicos o franceses. Donde podían vivir —Norteamérica, Australia—, se quedaron y construyeron instituciones que protegían su propia propiedad, y por tanto inclusivas. Para el primero, el colonialismo reparte herramientas; para el segundo, reparte estructuras de poder, y la herramienta jurídica se acomoda a la estructura, no al revés.
De ahí se siguen dos visiones del Estado y dos recetas de política. Shleifer desconfía del Estado como «mano acaparadora»: la grabbing hand que, dejada suelta, expropia, regula en beneficio de los burócratas y ahuyenta la inversión. Las buenas instituciones, en su lectura, son las que mantienen al Estado fuera del mercado y entregan el arbitraje a jueces independientes y litigantes privados. El desarrollo es, en buena medida, un problema técnico-regulatorio: reescríbanse las leyes de gobierno corporativo, protéjase al accionista minoritario, recórtese la maraña administrativa, y los mercados harán el resto. Acemoglu invierte de nuevo el signo: el problema no es que el Estado sea demasiado fuerte, sino que esté capturado por una élite estrecha. La cura no es debilitar al Estado, sino amarrarlo —prensa libre, poder judicial independiente, representación amplia— de modo que ninguna élite pueda confiscar a su antojo. Cambiar las leyes sin alterar el equilibrio de poder es, para él, un ejercicio inútil: el desarrollo exige reformar la política antes que reescribir los reglamentos.
Conviene añadir aquí un tercer marco que Shleifer y Acemoglu, en su disputa, suelen rozar sin nombrar, y que ilumina el caso cubano con precisión incómoda: el de Douglass North, John Wallis y Barry Weingast. En su tipología, la mayoría de las sociedades históricas son órdenes de acceso limitado, en los que una coalición dominante —militares, partido, clérigos, magnates— se reparte las rentas de la economía y usa ese reparto para mantener la paz interna de la élite. El paso a un orden de acceso abierto, donde cualquiera puede crear empresas, contratar y competir bajo reglas impersonales, no se logra repartiendo títulos de propiedad, sino despersonalizando el poder. Esta distinción importará, como veremos, más que cualquiera de las dos teorías por separado.
La receta de Shleifer: privatizar rápido, democratizar después
¿Qué aconsejaría Shleifer a la Cuba de junio de 2026? Su trayectoria permite reconstruirlo con bastante fidelidad. Diría, ante todo, que el peligro no es transformar demasiado, sino hacerlo a medias —una frase que, por cierto, pronunció en el propio debate de la Asamblea el diputado Carlos Miguel Pérez Reyes, sin sospechar que recitaba el credo del economista de Harvard—. La estrategia cubana de privatizar «caso por caso», lenta y discrecional, le parecería el peor método posible: cada expediente abierto es una ventana de corrupción, una oportunidad para que el funcionario de turno cobre su peaje. Frente a ello, Shleifer ha defendido históricamente el «Big Bang»: transferir rápido y en bloque las empresas estatales al capital privado, sobre todo en sectores como el turismo, la energía y el comercio, para cortar de un tajo las pérdidas subsidiadas y, con ellas, la interferencia política.
Diría, en segundo lugar, que Cuba no necesita esperar a la democracia para enriquecerse. Aquí su debate con Acemoglu se vuelve explícito: el crecimiento, sostiene, puede preceder a la libertad política. El modelo no es Suecia, sino el Asia oriental: China y Vietnam habrían demostrado que un Estado autoritario, garantizando derechos de propiedad básicos y libertad de mercado, puede generar décadas de expansión sin urnas. Primero la riqueza; las instituciones políticas vendrán después, empujadas por una población más próspera e independiente. Y diría, por último, que la apertura al exterior es el mejor desinfectante: la banca extranjera y el inversor internacional importan precios verdaderos, disciplina de gestión y divisa fuerte, mientras que la diáspora cubana —si se le ofrecen protecciones legales claras para poseer, invertir y transferir— puede inyectar capital y, de paso, blindar la privatización frente a las compras corruptas de una camarilla de oligarcas locales.
Hay en esta receta verdades que ningún crítico honesto debería despreciar. El capital humano cubano —una población alfabetizada, con formación técnica y sanitaria por encima de su renta— es un activo real, y la teoría de Shleifer acierta al ponerlo en el centro. La diáspora es, en potencia, una fuente de inversión paciente y motivada que ningún país comparable tiene a esa escala. Y el diagnóstico sobre la lentitud discrecional es certero: privatizar caso por caso, en un país sin contrapesos, es efectivamente una invitación al soborno.
Pero la biografía de Shleifer arroja una sombra sobre su propia receta que no puede omitirse. A través del Harvard Institute for International Development, Shleifer dirigió buena parte de la asesoría estadounidense al programa de privatización rusa de los años noventa: fue, en sentido literal, uno de los arquitectos del «Big Bang» que defiende. Aquel experimento no produjo una democracia de mercado, sino la clase oligárquica que hoy es el ejemplo predilecto de Acemoglu. Años después, una demanda del gobierno de Estados Unidos por conflicto de intereses se saldó, en 2005, con un acuerdo que comprometió a Harvard y al propio Shleifer. La ironía es difícil de exagerar: el hombre que escribió la receta presidió también el experimento que mejor ilustra su crítica. No invalida la teoría —pero obliga a leerla con el caso ruso siempre a la vista.
La advertencia de Acemoglu: el «cómo» importa más que el «qué»
La objeción de Acemoglu empieza por desmontar el mito del «buen dictador». El crecimiento autoritario, responde, es intrínsecamente frágil y temporal. Sin instituciones que aten al poder —prensa, jueces, una oposición real—, cualquier expansión termina tocando techo, porque la élite gobernante sabotea la innovación en cuanto esta amenaza con engendrar centros de poder rivales. El caso de Asia oriental, además, está peor leído de lo que parece: China y Vietnam no se limitaron a «privatizar sin reglas»; emprendieron una profunda reforma económico-institucional —empresas de pueblo y aldea, zonas económicas especiales, una seguridad jurídica suficiente para el empresario, el ingreso en la Organización Mundial del Comercio— que Cuba ni siquiera ha esbozado. Y aun así, en el marco de Acemoglu, ese crecimiento sigue siendo «extractivo»: un crecimiento de alcance, que moviliza factores ociosos y copia tecnología prestada, con un horizonte de agotamiento inscrito en su propia lógica. Cuba aspiraría, en el mejor de los casos, a la versión frágil del modelo, sin haber construido siquiera su andamiaje.
El segundo golpe apunta al corazón de la privatización. Lo decisivo, insiste Acemoglu, no es que se privatice, sino cómo. Si un régimen que conserva el monopolio político vende sus activos, esos activos no irán a los empresarios más eficientes, sino a los miembros del régimen, a los generales y a las élites con conexiones: la coalición dominante simplemente cambia el papel de las acciones por el del plan. La economía sigue siendo extractiva, ahora con barniz bursátil. Es exactamente lo que ocurrió en la Rusia de los noventa, y no es casual que la advertencia más nítida sobre Cuba haya venido, esta vez, no de la izquierda académica sino del mundo empresarial cubanoamericano: Carlos Saladrigas, del Cuba Study Group, alertó días antes de la sesión de que las privatizaciones cubanas podrían convertirse en «piñatas» repartidas entre pocos, y que no habrá inversión seria sin independencia judicial y protección efectiva de la propiedad. Cuando el banquero exiliado y el premio Nobel coinciden en el diagnóstico, conviene atender.
El tercer punto desactiva la promesa de la apertura externa. La investigación de Acemoglu sugiere que abrir un país al comercio y al capital extranjero cuando sus instituciones internas son débiles puede, paradójicamente, empeorar el Estado de derecho local: la afluencia de divisas se convierte en un salvavidas para el régimen, que la emplea en reforzar su aparato de seguridad mientras el ciudadano de a pie queda marginado. La remesa y la inversión de la diáspora, lejos de erosionar al poder, podrían financiarlo. Aquí cabe traer a Hernando de Soto, cuya defensa de la formalización de la propiedad —dar título legal al capital «muerto» de los informales— suena, en principio, afín a Shleifer. Pero el propio de Soto admite el límite que Acemoglu convierte en tesis: el título solo libera capital si la autoridad que lo concede está creíblemente impedida de revocarlo. Un papel que el poder puede rasgar mañana no es propiedad; es una concesión.
Y ahí llega la cuarta objeción, la de la secuenciación, que es la verdaderamente fundamental. Los derechos de propiedad no son un trozo de papel: son un compromiso político. Si la Asamblea Nacional cubana puede conceder hoy el derecho a la propiedad privada por aclamación unánime, puede retirarlo mañana con la misma facilidad en cuanto una empresa privada crezca lo bastante como para incomodar al partido. La confianza económica que sostiene la inversión a largo plazo no nace de la generosidad del soberano, sino de su incapacidad de revertirla. Por eso, para Acemoglu, la restricción política no es el premio que llega después del crecimiento: es la condición que lo hace posible.
El laboratorio postsoviético: Polonia contra Rusia
Cuando dos teorías predicen resultados opuestos, conviene buscar el experimento que las arbitre. La historia reciente ofrece uno casi de manual: Polonia y Rusia emprendieron, a comienzos de los años noventa, terapias de choque comparables —liberalización rápida de precios, estabilización macroeconómica, privatización acelerada—. Si la variable maestra fuera la velocidad, como sugiere la receta de Shleifer, ambas deberían haber convergido. No lo hicieron. Polonia se transformó en una economía de renta alta, miembro de la Unión Europea, con un sector privado dinámico. Rusia desembocó, vía el infame esquema de «préstamos por acciones» de 1995, en una cleptocracia oligárquica de la que aún no ha salido.
¿Qué los separó, si la velocidad fue parecida? No el ritmo de la privatización, sino su contexto político. Polonia democratizó al mismo tiempo que liberalizaba, y dispuso de un ancla externa decisiva: la perspectiva de ingreso en la Unión Europea funcionó como un dispositivo de compromiso, un conjunto de reglas que el gobierno polaco no controlaba y no podía deshacer a conveniencia. Rusia privatizó mientras el poder seguía concentrado y sin atar; sus activos fluyeron, previsiblemente, hacia los allegados al poder. La lección no es que la terapia de choque funcione o fracase en abstracto, sino que su signo depende de si existe una restricción política creíble que impida la captura. La velocidad no es destino; el anclaje político lo es. El laboratorio postsoviético, leído con frialdad, falla a favor de Acemoglu.
Y aquí la pregunta para Cuba se vuelve filosa: ¿dónde está su ancla? No hay perspectiva de integración en bloque alguno; no hay democratización simultánea; no hay poder judicial independiente; la Asamblea es una correa de transmisión, no un contrapeso. Y el actor externo dominante —Estados Unidos, con más de doscientas cuarenta sanciones firmadas en 2026, la intercepción de petroleros y la amenaza apenas velada de intervención— no opera como ancla institucional sino como asedio, lo que tiende a reforzar la mentalidad de plaza sitiada del aparato de seguridad antes que a abrirlo. Cuba se asemeja, en su configuración, mucho más a la Rusia de 1993 que a la Polonia del mismo año.
Lo que Cuba está haciendo realmente: GAESA y la privatización sin árbitro
Hasta aquí hemos contrastado dos recetas ideales. Pero la Cuba real no está aplicando ninguna de las dos en estado puro, y ese es el dato más revelador de todos. No está ejecutando el «Big Bang» limpio y veloz de Shleifer: privatiza caso por caso, con discrecionalidad, y la propia implementación —148 disposiciones jurídicas afectadas, 32 normas nuevas de rango superior por elaborar, entre ellas diez leyes y catorce decretos-leyes— anuncia años de transición administrada desde arriba. Tampoco está construyendo las restricciones políticas de Acemoglu: el monopolio del Partido Comunista permanece intacto, blindado por la Constitución de 2019. Cuba ha elegido, sin decirlo, lo peor de ambos mundos: una privatización lenta y opaca dentro de un monopolio político inalterado.
Y sobre ese cuadro se proyecta la sombra de GAESA. El Grupo de Administración Empresarial S.A., conglomerado del Ejército, controla porciones enormes de la economía —turismo, comercio minorista, el flujo de remesas— y opera, según la propia evidencia pública, sin publicar estados financieros ni someterse a auditoría de la Asamblea Nacional. He aquí el punto que ninguna teoría puede esquivar: cuando se autoriza convertir empresas estatales en sociedades por acciones, la pregunta no es si se privatiza, sino quién controla los activos más valiosos que se ponen en circulación. La respuesta, en Cuba, es un actor militar que está literalmente exento del único mecanismo de rendición de cuentas que el sistema posee. Convertir los activos de GAESA, o los que orbitan a su alrededor, en acciones negociables sin antes someter a GAESA a auditoría pública no es abrir la economía: es formalizar el reparto de rentas dentro de la coalición dominante. Es, en el vocabulario de North, Wallis y Weingast, un orden de acceso limitado emitiendo títulos de papel sobre sus propias rentas.
No todo es uniformemente sombrío, y la honestidad obliga a registrar las grietas de luz. Díaz-Canel convocó, de forma inédita, a un grupo asesor que incluye a economistas críticos y no oficialistas —Omar Everleny, Juan Triana, Julio Carranza—, viejos defensores de la reforma de mercado; es una apertura consultiva real en un sistema alérgico a la disidencia técnica. La equiparación del cubano del exterior con el inversor extranjero responde a una demanda histórica de la diáspora. Y en el margen, muchas medidas —la casa de cambio privada, el agente de remesas, el servicentro privado, la mipyme sin techo de empleados— pueden aliviar de verdad la escasez cotidiana de una población exhausta. Eso no es nada. Para el cubano que hoy hace cola por combustible o no encuentra divisa, importa. Pero aliviar la escasez en el mostrador y transformar la estructura del poder económico son cosas distintas, y la segunda es la que decide si dentro de una década habrá un tigre o una cleptocracia.
Conclusión
Mi costumbre, en estas páginas, es sostener dos interpretaciones a la vez y dejar que el lector navegue entre ellas. Aquí no lo haré, porque la pregunta admite respuesta y porque el caso cubano la fuerza. En la configuración concreta de Cuba, Acemoglu tiene razón, y Shleifer se equivoca en lo que más importa.
Conviene ser preciso sobre el alcance de ese veredicto, porque no es una victoria por puntos. Shleifer acierta en sus observaciones técnicas: la privatización caso por caso es, en efecto, lenta y vulnerable a la corrupción; el capital humano cubano es real; la diáspora es un activo genuino. Si el desacuerdo fuera solo sobre el método de venta, habría que darle parte de razón. Pero el desacuerdo no es sobre el método: es sobre la secuencia. Y en la secuencia, la evidencia es contundente. El laboratorio de Polonia y Rusia muestra que la velocidad no determina el desenlace; lo determina la existencia de una restricción política que el poder no controle. Cuba no tiene ninguna: ni urna, ni juez independiente, ni prensa, ni ancla externa, ni una Asamblea capaz de decir no, ni —lo más grave— un conglomerado militar sometido a auditoría. Tiene exactamente la combinación —activos valiosos, monopolio político intacto, opacidad institucionalizada— que en todos los precedentes conocidos produce oligarquía, no mercado.
El argumento decisivo es el de la revocabilidad. Un derecho de propiedad que la misma autoridad puede otorgar por unanimidad y retirar por unanimidad no es un derecho: es una concesión a plazo. Ninguna inversión paciente —ni la de la diáspora, ni la del banco extranjero— se compromete a largo plazo con un activo cuyo título depende de que el partido siga considerándolo conveniente. Por eso la promesa de Shleifer —«primero la riqueza, la libertad vendrá después»— invierte la causalidad. En Cuba, el mercado sin la restricción no convoca a la libertad: atrinchera a la élite que la clausura, dándole, encima, una nueva fuente de financiación y una fachada presentable ante el inversor extranjero.
Lo más probable, por tanto, no es el tigre caribeño que prometen los optimistas ni el colapso que auguran los catastrofistas, sino algo más banal y más triste: la conversión de un monopolio estatal-socialista en una oligarquía partido-militar con barniz de mercado. Una economía donde el barbero, el dueño de la casa de cambio y el importador de paneles solares respiran un poco mejor, mientras los activos que de verdad importan —el hotel, la marina, el canal de la remesa— se reparten entre quienes ya mandan. Sería, irónicamente, el mismo resultado que Shleifer ayudó a producir en Moscú hace treinta años, alcanzado esta vez por la vía lenta. Ojalá que esté equivocado.
¿Significa esto que Cuba debía no reformar? No. La advertencia de Acemoglu no es un argumento contra el mercado; es un argumento sobre su cimiento. Para que la apertura de junio de 2026 no degenere en piñata, harían falta tres cosas que el paquete no contempla y que el sistema no puede ofrecer sin dejar de ser lo que es: un poder judicial capaz de fallar contra el Estado, una legislatura que sea algo más que un órgano de ratificación, y la sujeción de GAESA a la auditoría pública de la que hoy está exenta. Sin esas tres restricciones, las 176 medidas no construirán una economía de mercado. Construirán, con eficiencia notable, a sus oligarcas.
Está por ver, además, cómo reacciona el gobierno estadounidense. El embargo ha tenido un impacto sistemático y demoledor en la economía cubana desde el derrumbe del socialismo a finales del siglo pasado. Hoy en día, el bloqueo energético constituye un acto de crueldad y castigo colectivo contra un pueblo entero. Esto no puede dejar de señalarse.
Las instituciones económicas inclusivas requieren derechos de propiedad seguros y oportunidades económicas no solo para la élite, sino para un amplio espectro de la sociedad.
Acemoglu, Daron., Robinson, James A.. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. United Kingdom: Crown, 2012.